viernes, 3 de octubre de 2014

INTERPRETACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE DE EXPRESIÓN “LOS ALIMENTOS SE DEBEN DESDE LA PRIMERA DEMANDA” Y ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA COMO FORMA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA

   A propósito del conocimiento de un recurso de casación en el fondo, el Máximo Tribunal tuvo la posibilidad de pronunciarse sobre variados aspectos relativos a los Alimentos.

   En efecto, el sentenciador recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 331 del cuerpo de leyes mencionado, los alimentos se deben desde la primera demanda, de manera que no es procedente requerir por esta vía una condena retroactiva por ese concepto.

   Asimismo, tratándose de las reglas de la sana crítica, el fallo recuerda que “Es una materia esencialmente de apreciación y, por lo mismo, de hecho, cuya estimación corresponde exclusiva y privativamente a los jueces del fondoa menos que los sentenciadores del grado al determinar aquéllos, hayan desatendido las razones lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud ha correspondido asignarles valor y determinar su eficacia”.

   Se analiza además en la sentencia, una serie de otras materias relacionadas con los juicios sobre pensiones alimenticias.

   SENTENCIA CORTE SUPREMA ALIMENTOS

   Fuente: i-Jurídica de Chile y Poder Judicial.

domingo, 14 de septiembre de 2014

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EMITE OPINIÓN CONSULTIVA SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES EN EL CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN Y/O EN NECESIDAD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

   Con fecha 10 de septiembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, notificó la Opinión Consultiva OC-21/14 sobre ‘‘Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional’’. Esta Opinión Consultiva fue emitida el 19 de agosto de 2014 y responde a una solicitud presentada el 7 de julio de 2011 por los Estados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

   Cabe agregar que la posibilidad de emitir Opiniones Consultivas es parte de la función consultiva de la Corte. En el ejercicio de esta función la Corte Interamericana ha examinado diversos temas relevantes que han permitido esclarecer diversas cuestiones del derecho internacional americano vinculadas a la Convención Americana, entre otras: restricciones a la pena de muerte; la colegiación obligatoria de periodistas, y el derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, condición jurídica y de los derechos de los migrantes indocumentados.

   La presente Opinión Consultiva prestará una utilidad concreta dentro de una realidad regional en la cual aspectos sobre las obligaciones estatales en cuanto a niñez migrante no han sido establecidas de forma clara y sistemática, a partir de la interpretación de las normas relevantes.

   Mediante esta Opinión Consultiva sobre niñez migrante la Corte Interamericana realizó una interpretación de diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, determinando en este marco las obligaciones estatales respecto de niñas y niños, asociadas a su condición migratoria o a la de sus padres. En consecuencia, los Estados deben considerar estas obligaciones al diseñar, adoptar, implementar y aplicar sus políticas migratorias, incluyendo en ellas, según corresponda, tanto la adopción o aplicación de las correspondientes normas de derecho interno como la suscripción o aplicación de los pertinentes tratados y/u otros instrumentos internacionales.

   De manera particular, en la mencionada Opinión Consultiva la Corte Interamericana precisó las siguientes obligaciones estatales (el subrayado es nuestro):

   1- Teniendo presente, a estos efectos, que es niña o niño toda persona menor de 18 años de edad, los Estados deben priorizar el enfoque de los derechos humanos desde una perspectiva que tenga en cuenta en forma transversal los derechos de niñas y niños y, en particular, su protección y desarrollo integrallos cuales deben primar por sobre cualquier consideración de la nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de asegurar la plena vigencia de sus derechos.

   2- Los Estados se encuentran obligados a identificar a las niñas y niños extranjeros que requieren de protección internacional dentro de sus jurisdicciones, a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario acorde a su condición de niña o niño y, en caso de duda sobre la edad, evaluar y determinar la misma; determinar si se trata de una niña o un niño no acompañado o separado, así como su nacionalidad o, en su caso, su condición de apátrida; obtener información sobre los motivos de su salida del país de origen, de su separación familiar si es el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier otro elemento que evidencie o niegue su necesidad de algún tipo de protección internacional; y adoptar, en caso de ser necesario y pertinente de acuerdo con el interés superior de la niña o del niño, medidas de protección especial.

   3- Con el propósito de asegurar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, garantizar un efectivo debido proceso y velar por que el interés superior de la niña o del niño haya sido una consideración primordial en todas las decisiones que se adopten, los Estados deben garantizar que los procesos administrativos o judiciales en los que se resuelva acerca de derechos de las niñas o niños migrantes estén adaptados a sus necesidades y sean accesibles para ellos.

   4- Las garantías de debido proceso que, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, deben regir en todo proceso migratorio, sea administrativo o judicial, que involucre a niñas o niños son: el derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio; el derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario o juez especializado; el derecho a ser oído y a participar en las diferentes etapas procesales; el derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete; el acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular; el derecho a ser asistido por un representante legal y a comunicarse libremente con dicho representante; el deber de designar a un tutor en caso de niñas o niños no acompañados o separados; el derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña o del niño y sea debidamente fundamentada; el derecho a recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos; y el plazo razonable de duración del proceso.

   5- Los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas o niños para cautelar los fines de un proceso migratorio ni tampoco pueden fundamentar tal medida en el incumplimiento de los requisitos para ingresar y permanecer en un país, en el hecho de que la niña o el niño se encuentre solo o separado de su familia, o en la finalidad de asegurar la unidad familiar, toda vez que pueden y deben disponer de alternativas menos lesivas y, al mismo tiempo, proteger de forma prioritaria e integral los derechos de la niña o del niño.

   6- Los Estados deben diseñar e incorporar en sus respectivos ordenamientos internos un conjunto de medidas no privativas de libertad a ser aplicadas mientras se desarrollan los procesos migratorios, que propendan de forma prioritaria a la protección integral de los derechos de la niña o del niño, con estricto respeto de sus derechos humanos y al principio de legalidad, y las decisiones que ordenen dichas medidas deben adoptarse por una autoridad administrativa o judicial competente en un procedimiento que respete determinadas garantías mínimas.

   7- Los espacios de alojamiento deben respetar el principio de separación y el derecho a la unidad familiar, de modo tal que si se trata de niñas o niños no acompañados o separados deben alojarse en sitios distintos al que corresponde a los adultos y, si se trata de niñas o niños acompañados, alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la separación en aplicación del principio del interés superior de la niña o del niño y, además, asegurar condiciones materiales y un régimen adecuado para las niñas y los niños en un ambiente no privativo de libertad.

   8- En situaciones de restricción de libertad personal que pueden constituir o eventualmente derivar, por las circunstancias del caso en concreto, en una medida que materialmente se corresponda a una privación de libertad, los Estados deben respetar las garantías que se tornan operativas ante dichas situaciones.

   9- Los Estados tienen la prohibición de devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña o niño a un Estado cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en riesgo de violación a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde corra el riesgo de ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a un tercer Estado desde el cual pueda ser enviado a uno en el cual pueda correr dichos riesgos.

   10- De acuerdo a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normas de protección de los derechos humanos, cualquier decisión sobre la devolución de una niña o niño al país de origen o a un tercer país seguro sólo podrá basarse en los requerimientos de su interés superior, teniendo en cuenta que el riesgo de vulneración de sus derechos humanos puede adquirir manifestaciones particulares y específicas en razón de la edad.

   11- La obligación estatal de establecer y seguir procedimientos justos y eficientes para poder identificar a los potenciales solicitantes de asilo y determinar la condición de refugiado a través de un análisis adecuado e individualizado de las peticiones con las correspondientes garantías, debe incorporar los componentes específicos desarrollados a la luz de la protección integral debida a todos las niñas y niños, aplicando a cabalidad los principios rectores y, en especial, lo referente al interés superior de la niña o del niño y su participación.

   12- Cualquier órgano administrativo o judicial que deba decidir acerca de la separación familiar por expulsión motivada por la condición migratoria de uno o ambos progenitores debe emplear un análisis de ponderación, que contemple las circunstancias particulares del caso concreto y garantice una decisión individual, priorizando en cada caso el interés superior de la niña o del niño. En aquellos supuestos en que la niña o el niño tiene derecho a la nacionalidad del país del cual uno o ambos progenitores pueden ser expulsados, o bien cumple con las condiciones legales para residir permanentemente allí, los Estados no pueden expulsar a uno o ambos progenitores por infracciones migratorias de carácter administrativo, pues se sacrifica de forma irrazonable o desmedida el derecho a la vida familiar de la niña o del niño.

   13- En atención a que las obligaciones determinadas precedentemente se refieren a un tema tan propio, complejo y cambiante de la época actual, ellas deben ser entendidas como parte del desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, proceso en el que, consecuentemente, esta Opinión Consultiva se inserta.


   A continuación, se ofrece el texto íntegro de la presente Opinión Consultiva y a continuación, un Resumen de la misma.

   TEXTO ÍNTEGRO OPINIÓN CONSULTIVA SOBRE NIÑOS MIGRANTES

   RESUMEN OPINIÓN CONSULTIVA SOBRE NIÑOS MIGRANTES

   Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos.

viernes, 18 de julio de 2014

Con prevenciones y disidencia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE CHILE RECHAZÓ INAPLICABILIDAD QUE IMPUGNABA NORMA QUE PERMITE INVOCAR CONDUCTA HOMOSEXUAL COMO CAUSAL DE DIVORCIO CULPOSO

El  Tribunal   Constitucional   de   Chile   rechazó   un   requerimiento   de   inaplicabilidad   que 
impugnaba el numeral 4° del artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil.

La gestión pendiente invocada recae en autos sobre divorcio por culpa de que conoce el Juzgado de Familia de Antofagasta.

Al efecto, cabe recordar que el requirente estimaba que la norma invocada infringe diversas garantías constitucionales, entre otras, el derecho a la igualdad ante la ley, consagrada tanto en la Carta Fundamental como en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. 

En efecto, a su juicio, existiría una discriminación arbitraria en base a una orientación sexual, asimilando la conducta a una enfermedad, delito o vicio, situando en el mismo nivel de reproche que la conducta homosexual, al alcoholismo, la drogadicción y la tentativa a prostituir niños. Por último, la causal “conducta homosexual” se constituye como una sanción a la orientación sexual de una persona y su exteriorización, sin que implique necesariamente contacto sexual con una persona del mismo sexo.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional arguyó, en torno a la regulación legal del divorcio, que, entre las faltas que representan una vulneración grave de los deberes y obligaciones que el matrimonio impone a los cónyuges, queda comprendido inequívocamente el adulterio, el cual, según el artículo 132, inciso segundo, del Código Civil, lo cometen “la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el varón casado que yace con mujer que no sea su cónyuge”, conducta ésta –el adulterio- que es considerada por el inciso primero del mismo artículo como constitutiva de “una grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio.

Así, en la especie, la legislación civil chilena actualmente vigente sobre matrimonio y divorcio considera constitutivas de una transgresión grave al deber de fidelidad propio del matrimonio tanto las conductas infractoras de ese deber de uno de los cónyuges con personas de otro sexo como con las del mismo sexo, sin que se considere que incurre en tal reproche el cónyuge que sienta atractivo o tenga inclinación por personas de su mismo sexo o del otro.

Luego, en torno a los vicios de inconstitucionalidad invocados, expone la sentencia que, aunque el requerimiento señala como infringidos los artículos 1°; 5°, inciso segundo, en relación con el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 19, N° 2°, de la Constitución Política, el reproche de inconstitucionalidad viene a ser sólo uno y consistente en que la norma impugnada, esto es el artículo 54, N° 4, de la Ley de Matrimonio Civil, disposición que establece como causal de divorcio culpable la “[c]onducta homosexual”, discrimina arbitrariamente al cónyuge que tenga orientación sexual hacia personas del mismo sexo, la que es una categoría prohibida de discriminación y constitutiva, por consiguiente, de una infracción a la garantía de igualdad ante la ley, puesto que no se aplica al cónyuge que tenga inclinación con persona del sexo opuesto.

De esa manera, se expone que la legislación sobre matrimonio y divorcio existente en Chile no considera como causal de divorcio culpable la mera orientación afectiva hacia persona del otro o del mismo sexo, y únicamente considera transgresión grave al deber de fidelidad propio del matrimonio la conducta, o actos, de uno de los cónyuges con personas del otro o del mismo sexo, que implique contacto sexual o que, sin llegar a serlo, constituya la exteriorización de afectos propios del matrimonio, por lo que no existiendo una diferenciación arbitraria, como la que se reprocha en el requerimiento, éste debe ser rechazado.

Conforme a lo anterior, y en base a lo establecido por la ley N° 20.609 –que reconoce medidas contra la discriminación– el TC concluye que la categoría de orientación sexual no puede ser utilizada como una justificación para no cumplir las leyes, que en el caso que nos ocupa es la Ley de Matrimonio Civil, la cual contempla como causal de divorcio por culpa la conducta homosexual, concepto éste que, como se ha demostrado anteriormente, no es la mera preferencia o inclinación sexual.

Motivos anteriores en virtud de los cuales fue rechazado el requerimiento de autos.
Por su parte, el Ministro Aróstica fue de la prevención de concurrir a la sentencia desestimatoria, en virtud de lo razonado en sus considerandos 6°, 12°, 13° y 17°, estando por pronunciarse, además, acerca del reproche planteado en el requerimiento, en orden a que el deber de fidelidad queda cautelado suficientemente con el N° 2 del artículo 54 de la Ley sobre Matrimonio Civil, lo que haría innecesaria la causal de divorcio culpable prevista en el N° 4 del mismo precepto legal.

En efecto, sostuvo que esa regulación separada no da cuenta de una mera redundancia respecto de la sanción por infidelidad, carente de racionalidad, puesto que el Legislador pudo concebir que la causal contemplada en el citado N° 4 configura una conducta objetiva con especie propia, aduciendo, en todo caso, que la conducta homosexual” constituye una tipificación tan amplia, que incluso podría abarcar situaciones que no determinan de suyo la imposibilidad de continuar la vida matrimonial.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Vodanovic, Carmona, García y Brahm, quienes estuvieron por acoger el requerimiento, toda vez que, en esencia, y en torno a la conducta homosexual como causal de divorcio culpable, Que nunca antes en la historia del establecimiento del divorcio en Chile, incluyendo diversos proyectos de ley debatidos en el Congreso en 1883, 1910, 1917, 1927, 1930, 1934, 1948 y 1969, que incorporaban diversas causales de divorcio culpable, jamás se había hecho referencia explícita a la homosexualidad como una conducta que deviniera en el derecho del otro contrayente a solicitar el divorcio.

En ese sentido, respecto al debate legislativo expresa la disidencia que, primariamente, se reemplazó el vocablo “conductas homosexuales” por “conducta homosexual. Seguidamente, se constató que dicha conducta debe estar fundada en comportamientos externos y objetivos, no pudiendo referirse a la mera inclinación homosexual. Tercero, se advirtieron los efectos del tratamiento subjetivo de las causales de divorcio culpable ejemplificadas esencialmente por los casos en donde las personas asumen o adquieren un patrón de conducta homosexual. Y, finalmente, se advirtieron, en la perspectiva del subjetivismo causal, las dificultades de prueba de esta causal de divorcio culpable.

En cuanto al test de discriminación arbitraria de la causal de divorcio culpable por conducta homosexual, se aduce, en primer término, que hay diferenciación sospechosa cuando se cierne sobre un grupo que históricamente ha tenido una penetrante discriminación en contra de su clase, cuando ha sido estigmatizado por efecto de la clasificación, cuando la clasificación está basada en un estatus inmutable o en condiciones que la persona no puede controlar o cuando la discriminación construye un efecto que aísla a los individuos sujetos de discriminación generando un debilitamiento de sus garantías en la protección de sus derechos civiles y fundamentales.

Es que no basta con asumir la razonabilidad de la distinción sosteniendo que se trata de una legislación coherente con el matrimonio heterosexual sin, a la vez, analizar cómo la categoría “orientación sexual define un estatuto de derechos civiles que se restringe por la aplicación de esta causal de divorcio culpable, con todas sus consecuencias para uno de los contrayentes.

Sobre la razonabilidad de la conducta homosexual como causal de divorcio culpable considerada autónomamente, indican estos Ministros que la cuota de infidelidad” que importa alguna de las acciones que puedan ser calificadas como conducta homosexual dentro del matrimonio están cubiertas ampliamente por la causal del artículo 54, numeral 2°, de la Ley N° 19.947.

Así, en cuanto a la razonabilidad de haber incorporado esta causal y encontrar su fundamento constitucional legítimo, señalan estos disidentes que éste no puede identificarse autónomamente como una regla contraria a la fidelidad del matrimonio (que puede serlo en algunos casos) pero que el legislador definió extensamente en la causal del artículo 54, numeral 2°, de la Ley 19.947. Ni tampoco puede ser identificado con delitos, patologías sociales, enfermedades de dependencia física o sentencias condenatorias por abusos o violencia.

¿Qué entendemos por una conducta homosexual como causal de divorcio culpable?, se preguntan estos Ministros. Al efecto, manifiestan que esta causal de divorcio culpable asigna al cónyuge una responsabilidad por actos indistinguibles de su condición personal, reafirmando un estándar subjetivo no permitido por la Constitución. Que la determinación del legislador constituye una vulneración esencial del propio ámbito de los derechos fundamentales, puesto que la identificación de un límite debe estar basada irredargüiblemente en actos externos, de significación jurídica, que generen afectación a terceros. No es posible tolerar la constitución de un límite a un derecho fundamental a un trato igualitario, si la naturaleza de ese límite consiste en degradar la condición de la persona misma o imputarla con responsabilidad y sanciones por un patrón conductual que no puede modificar.

Enseguida, exponen, respecto, a la conducta homosexual como un criterio discriminatorio aplicable a la regla de divorcio, arguyen que en torno a la base de la clasificación que la orientación sexual es una de aquellas distinciones que, de acuerdo a nuestro derecho en la conexión del artículo 19, numeral 2°, y artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, constituyen categoría sospechosa.

Y en cuanto al interés jurídico dañado por la clasificación, sostiene la disidencia que hay dos. Uno es de naturaleza legal y otro es propiamente constitucional. El primer estándar de comparación es en relación al objetivo de amparar esta causal de divorcio culpable como una fuente específica de sanción de un deber de fidelidad.En segundo término, la mera concurrencia de conductas homosexuales en el matrimonio no es constitutiva per se de una acción de infidelidad.

De esa forma, advierten que el estándar de igualdad se ve doblemente lesionado. Primero, por construir una causal de divorcio culpable que afecta discriminatoriamente a una categoría de personas juzgadas por su condición y no por sus actos. Segundo, porque de tal evento se deducen consecuencias civiles, procesales y económicas en su contra que vulneran la regla básica de igualdad que debe satisfacer el legislador en la identificación de causales de divorcio aplicables con isonomía a ambos.

Luego, en cuanto a la aplicación de estos criterios al caso concreto, concluyen que en el  caso sub lite existe una aplicación concreta de la norma del artículo 54, numeral 4°, de la Ley N° 19.947 que genera un efecto inconstitucional. Lo anterior, puesto que se trata de una norma que define una regla discriminatoria al ser fundada en un criterio no razonable, arbitrario y denigrante de la condición de personas históricamente segregadas y sostenidas en una clasificación basada en un estatus inmutable o en condiciones que la persona no puede controlar, estimando, en esencia, inaplicable por inconstitucional el criterio discriminatorio definido por el legislador, puesto que debe eliminarse como obstáculo para el goce de los derechos civiles en condiciones de igualdad.

Finalmente, la Brahm previno concurrir a la presente disidencia, pero sin compartir sus considerandos 15°, 16°, 19° y 34°, en su última frase (desde la palabra Asimismo).



Fuente: Diario Constitucional de Chile

martes, 8 de julio de 2014

REQUERIMIENTO ANTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE CHILE DE JUEZA DE FAMILIA ACERCA DE CONSTITUCIONALIDAD DE ARTÍCULO 54 NÚMERO 4 DE LEY DE MATRIMONIO CIVIL

   La Jueza del Primer Juzgado de Familia de Santiago decidió suspender la tramitación de una causa de Divorcio por Culpa de que se encuentra en conocimiento, a fin de requerir un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. La causa ante el mencionado Tribunal, se encuentra en actual tramitación.

   En efecto, el requerimiento busca que se dilucide la constitucionalidad o inconstitucionalidad del numeral 4 del artículo 54 de la ley 19.947 sobre Matrimonio Civil, el que contempla como causal de divorcio por culpa la conducta homosexual.

   Lo anterior, pues en concepto de la requirente, a la luz de diversas normas constitucionales, del Derecho Internacional y de la propia legislación nacional, como asimismo de la Jurisprudencia (Caso Atala), existe mérito suficiente para solicitar tal pronunciamiento.

   TEXTO DEL REQUERIMIENTO TC ART 54 NÚM 4 LEY 19.947

   Fuente: Tribunal Constitucional de Chile

jueves, 24 de abril de 2014

AVANZA EN SENADO DE CHILE PROYECTO DE LEY QUE TIPIFICA COMO DELITO EL MALTRATO O CRUELDAD CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FUERA DEL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

   El referido Proyecto, Boletín 9179-07, iniciado por Moción de Senadores con fecha 03 de diciembre de 2013, se encuentra en Primer Trámite Constitucional en la Cámara Alta, subetapa de Discusión General y fue aprobado en general el pasado día 16 de abril, fijándose como fecha límite para presentar indicaciones el día 5 de mayo de 2014.

   El mencionado Proyecto apunta a llenar un vacío en materia de maltrato o crueldad contra menores cuando éste sea ejercido por quienes no tengan vínculos familiares con ellos, completando así un nivel de protección que se ha echado de menos en ese sector legislativo.

   A continuación, se acompaña la Moción presentada como asimismo un comparado entre la situación legal tal cual se encuentra y la tentativa, en el evento que este proyecto se convirtiere en ley de la República.


   MOCIÓN DEL PROYECTO

   COMPARADO DEL PROYECTO


Fuente: Senado de la República de Chile

lunes, 21 de abril de 2014

ANTECEDENTES ADICIONALES ACERCA DEL INFORME DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE ACERCA DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL SENAME

   Para una mayor inteligencia acerca de los antecedentes que han motivado la actividad en la Cámara de Diputados y en la Corte Suprema en relación con la Comisión Investigadora del SENAME, se adjuntan los documentos que siguen.

   En primer lugar, el texto completo del Informe de la Comisión Investigadora del SENAME de la Cámara de Diputados, de fecha 04 de marzo de 2014, de gran extensión, en el que figura todo aquello que ha estado a la vista de dicha comisión y que en su concepto, motivó sus conclusiones y diligencias solicitadas.



   En segundo término, ofrecemos la síntesis de la Sesión de 17 de abril de 2014, en la que la Cámara analizó el mencionado Informe y consta su aprobación. En los próximos días deberá figurar la transcripción fiel de lo obrado en dicha sesión.



   Por último, la minuta de la votación en la Cámara acerca del señalado Informe, con el detalle de la misma.




Fuente: Cámara de Diputados de Chile

AUTO ACORDADO DE CORTE SUPREMA DE CHILE QUE REGULA EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE INTERNACIÓN Y VISITAS A LOS CENTROS RESIDENCIALES POR LOS TRIBUNALES DE FAMILIA EN COORDINACION CON EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA (ACTA 37 DE 2014)

   A continuación se presenta en su texto íntegro Auto Acordado de la Corte Suprema de fecha 14 de marzo de 2014, Acta 37 de 2014, en el cual se regulan aspectos relacionados con las medidas de internación y visitas a los centros residenciales.

   En él se tiene presente la necesidad de la atención jurisdiccional que debe desplegarse en favor de niños, niñas y adolescentes en lo relativo a la internación en centros residenciales, para lo que se dispone a través de este Auto Acordado, nuevas regulaciones.

   Ver texto íntegro aquí:



   ACTA 37-2014

   FECHA: 14-03-2014


TITULO:

AUTO ACORDADO QUE REGULA EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE INTERNACIÓN Y VISITAS A LOS CENTROS RESIDENCIALES POR LOS TRIBUNALES DE FAMILIA EN COORDINACION CON EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA


   MATERIAS: AUTO ACORDADO - SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE INTERNACIÓN - VISITAS - CENTROS RESIDENCIALES - TRIBUNALES DE FAMILIA - SERVICIO NACIONAL DE MENORES - MINISTERIO DE JUSTICIA - SITFA

DOCUMENTOS RELACIONADOS: AD N° 885-2011

ACTA N° 37-2014

   En Santiago, a catorce de marzo de dos mil catorce, se reunió el Tribunal Pleno bajo la Presidencia del titular señor Sergio Muñoz Gajardo y con la asistencia de los Ministros señores Juica, Segura, Ballesteros, Dolmestch, Valdés, Carreño, Pierry, Künsemüller, Brito y Silva, señoras, Maggi, Egnem y Sandoval, señores Fuentes, Cisternas y Blanco, señora Chevesich, señor Aránguiz y señora Muñoz.

AUTO ACORDADO QUE REGULA EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE INTERNACIÓN Y VISITAS A LOS CENTROS RESIDENCIALES POR LOS TRIBUNALES DE FAMILIA EN COORDINACION CON EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA

   Teniendo presente:

   1. Que el Poder Judicial, y en particular esta Corte Suprema, ha venido preocupándose desde hace largo tiempo de mejorar la atención jurisdiccional respecto de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual ha realizado diversas acciones, ya en forma directa, ya en colaboración con organismos nacionales o internacionales, como es de conocimiento público.

   2. Que se hace necesario reforzar las actuaciones que despliega en la actualidad la jurisdicción de familia en cuanto a medidas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente aquellas que implican la internación en centros residenciales, bajo un enfoque integrador encaminado al más pleno desarrollo de las acciones institucionales que permite el marco de competencias asignadas por el legislador;

   3. Que se requiere consolidar en un instrumento lo relativo a esas medidas, además de complementar las instrucciones impartidas por esta Corte en el antecedente 885-2011, que fijó pautas para las visitas que los magistrados deben efectuar a centros residenciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 19.968;

   4. Que la obtención de tales propósitos obliga a considerar siempre, fundamentainnente por los jueces, que las referidas medidas de internación tienen carácter de última ratio, según la legislación del ramo.

   5. Que el interés superior del niño, niña o adolescente, y su derecho a ser oído, son principios rectores que el juez de familia debe tener siempre como consideración principal en la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento.

   6. Que es un deber promover la activación de los mecanismos interinstitucionales que otorguen plenitud a la acción protectora que es de obligada y deseable concreción por el Estado.

   7. Que en aras de mejorar aún más la aplicación práctica de la legislación imperante en la materia, la que permanentemente se ha buscado perfeccionar mediante la acción directa de funcionarios del Poder Judicial y la dictación de normativas internas del mismo, se advierte la necesidad de formular nuevas regulaciones tendientes a definir la utilización de herramientas tecnológicas e introducir otras mejoras en la gestión que actualmente se ejerce en el sistema judicial de familia.

Y visto lo dispuesto en los artículos 82 de la Constitución Política de la República y 96 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales, en uso de las facultades directivas y económicas, ha resuelto dictar el siguiente Auto Acordado:


   Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. La presente regulación está destinada a ser aplicada por los jueces con competencia en familia para la protección de niños, niñas y adolescentes, conforme al mérito del respectivo proceso, con motivo de la disposición de medidas cautelares o la dictación de sentencia definitiva, de acuerdo a los artículos 71 y 74 de la Ley N° 19.968, respectivamente y en particular la medida de internación en centros residenciales o establecimientos de protección, cuya ejecución se encuentra entregada al Servicio Nacional de Menores, directamente o a través de sus organismos colaboradores acreditados, o ante residencias privadas.

   Artículo 2°.- Dictación de la medida de internación y derivación de los niños, niñas o adolescentes al Servicio Nacional de Menores. Al dictarse una medida cautelar o sentencia que implique la internación de un niño, niña o adolescente, el juez de familia deberá indicar el plazo de ella y ordenará su entrega inmediata al coordinador o encargado del Servicio Nacional de Menores de su jurisdicción, a fin de que aquél sea trasladado a un Centro Transitorio de Internación. Una vez realizados por dicho Servicio los exámenes y evaluaciones pertinentes, éste informará, a más tardar al día siguiente, el lugar en el que se ha ingresado al menor, sea de manera transitoria o definitiva, para cumplir la medida.

   Artículo 3°.- Seguimiento y control del cumplimiento de la medida de internación por el tribunal de familia que la decretó. Al disponer el ingreso de un menor de edad al sistema de protección, el juez con competencia en familia incorporará la información pertinente en el sistema de registro único y específicamente en el formulario individual disponible en el Sistema Informático de Tramitación de Familia (SITFA). Con el objeto de facilitar el control que los jueces con competencia en familia deben realizar del cumplimiento de la medida de internación, de mejorar las condiciones de verificación de la satisfacción de los objetivos de la medida dispuesta y para evaluar las posibilidades de egreso del niño, niña o adolescente, éstos consignarán, en forma inmediata, la información que se genere respecto de quéllos, en el formulario individual aludido.

   Cada vez que se practique una visita al centro de internación, el juez que decretó la medida o aquel del territorio jurisdiccional en que se encuentra el centro, según sea el caso, deberá registrar el resultado de esa diligencia y actualizar la información del niño, niña o adolescente en el formulario de residencia disponible en el sistema de tramitación.

   Artículo 4°.- Coordinación con el Servicio Nacional de Menores. El sistema de registro único de menores de edad afectos a medidas de protección por los tribunales con competencia en familia será integrado con los antecedentes que elabore el Servicio Nacional de Menores, el cual tendrá acceso al mismo. De este modo, conforme a los convenios celebrados entre el Poder Judicial y dicho Servicio, a fin de cumplir con las obligaciones de registro de información de que trata el artículo precedente y conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 19.968, los jueces de familia contarán con la información que aquella entidad, cada tres meses, actualice en el Sistema Informático de Tramitación de Familia, dando cuenta del desarrollo de la intervención decretada, de la situación en que se encuentra el niño, niña o adolescente y de los avances alcanzados en la consecución de los objetivos establecidos en la sentencia.

   Sin perjuicio de lo anterior, los tribunales de familia dispondrán también en dicho sistema, en forma inmediata, de los antecedentes que el Servicio Nacional de Menores informe sobre cualquier hecho relevante que se produzca durante la internación del niño, niña o adolescente.

   Artículo 5°.- Obligación de visita de establecimientos residenciales en el territorio jurisdiccional. Los jueces de familia deberán visitar personalmente los establecimientos residenciales existentes en su territorio jurisdiccional en que se cumplan medidas de protección, conforme al artículo 78 de la Ley N° 19.968, a lo menos cada cuatro meses.

   En su visita el juez, entre otras acciones, entrevistará a los menores de edad internados a fin de informarse sobre su estado actual y sobre cualquier reclamo o asunto que deseen plantear, debiendo darle solución inmediata a lo que sea posible o adoptar las medidas que el caso aconseje en un plazo que no podrá exceder de 48 horas. Además revisará personalmente todas las dependencias de los centros visitados, verificando su infraestructura, sus medidas de seguridad y de prevención de riesgos, las vías de escape, el equipamiento de sus espacios comunes, de los dormitorios y baños, además de los espacios recreacionales, la higiene general del inmueble y la calefacción; constatará la satisfacción de las necesidades básicas de los menores de edad ingresados en cada centro, apreciando su alimentación, su vestuario, disponibilidad de textiles, insumos de higiene, acceso a colegios y a hospitales; precisará los recursos humanos con que cuente el Centro, como su presencia o ausencia al momento de la visita; y consignará las demás observaciones generales y sugerencias que le merezca cada Centro en el formulario de residencia disponible en el SITFA. Del mismo modo, tendrán a la vista el decreto judicial que dispuso el ingreso del menor, verificarán que el formulario de registro de antecedentes se encuentre actualizado, la forma en que se está cumpliendo la medida de internación, consignarán las evaluaciones relevantes del menor y todo antecedente que estimen de importancia.

   Después de cada visita el juez evacuará un informe que contendrá las conclusiones derivadas de la misma, el que será ingresado resumidamente al formulario de registro individual y remitido al Servicio Nacional de Menores y al Ministerio de Justicia.

   Los deberes de registro de las visitas y su incorporación inmediata al Sistema Informático de los Tribunales de Familia tienen por finalidad que la información respectiva se encuentre disponible, tanto para el tribunal que decretó la medida como para los jueces a quienes corresponda realizar dichas inspecciones en el futuro o dictar otras medidas respecto del niño, niña o adolescente, de forma que hagan el seguimiento de las observaciones consignadas en las visitas precedentes y cuenten con el mayor nivel de conocimiento posible al efecto.

   Existiendo más de un juez en el territorio jurisdiccional las visitas deberán hacerse por turno, de acuerdo con el orden que determine el juez presidente del comité de jueces del juzgado de familia respectivo.

   Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en los incisos anteriores, los jueces con competencia en familia podrán siempre visitar los centros, programas, proyectos de carácter ambulatorio existentes en su territorio jurisdiccional y en que se cumplan medidas de protección. En todo caso deberán consignar a la brevedad sus resultados en el formulario de programa ambulatorio disponible en el Sistema Informático de los Tribunales de Familia.

   Artículo 6°. Del mejor uso del Sistema Informático de Tramitación de Familia. Tanto los jueces con competencia en familia como el Servicio Nacional de Menores, conforme a los convenios vigentes al efecto, incorporarán todos los antecedentes relativos a la aplicación de estas medidas en el Sistema Informático de Tramitación de Familia, utilizando, según corresponda, los formularios que se encuentran disponibles en éste, denominados Formulario Individual, de Residencia, de Familia de Acogida Especializada, de Familia Guardadora y de Programa Ambulatorio. De este modo, quien se encuentre habilitado legalmente y requiera información sobre un niño, niña o adolescente, podrá consultar en línea la información actualizada sobre éste.

   Artículo 7. Revisión de las medidas cautelares y los planes de internación definitiva. En el cumplimiento de las evaluaciones periódicas realizadas por el tribunal con competencia en familia que conozca la situación del niño, niña o adolescente, aquél deberá revisar los formularios de registro aludidos en el artículo anterior, verificando siempre que esté incorporado el informe del Servicio Nacional de Menores, al cual requerirá en caso contrario para que sea agregado a la brevedad.

   Articulo 8°. Término de la internación y egreso del menor. Los tribunales con competencia en familia deberán evaluar, conforme a la situación particular de cada niño, niña o adolescente sujeto a medidas de protección cautelares o dispuestas por sentencia definitiva, la mejor alternativa de su egreso, teniendo en cuenta para dicho efecto los plazos máximos dispuestos oportunamente al ordenar el ingreso.

   Los jueces con competencia en familia serán responsables de velar por el cumplimiento efectivo de esta obligación.

   Articulo 9° Fiscalización de las visitas por los Ministros Visitadores.

   Los Ministros visitadores de las Cortes de Apelaciones fiscalizarán el debido cumplimiento de las visitas reguladas en el articulo 78 de la Ley N° 19.968 por los jueces de su jurisdicción en los centros residenciales que deben supervigilar.

   Articulo 10. De la observancia de este auto acordado. Las irregularidades que se observen en la aplicación de este auto acordado o bien aquellas que los jueces adviertan en el ejercicio de sus facultades, deberán ponerse en conocimiento, en el más breve plazo, de los Ministros visitadores, autoridades administrativas o del Ministerio Público, según sea el caso.
 

   Disposiciones transitorias.

   Articulo 1°.- El uso de los formularios de registro de datos señalados en el articulo sexto será obligatorio desde la dictación del presente Auto Acordado, encontrándose los formularios a disposición en el Sistema Informático de Tribunales de Familia.

   Tanto el formulario individual, como el de residencia, se encontrarán incorporados en el Sistema Informático de los Tribunales de Familia desde la fecha de este instrumento. Sin embargo, los de Familia de Acogida Especializada, de Familia Guardadora y de Programa Ambulatorio lo estarán desde el 1° de mayo del año en curso.

   Articulo 2°.- Durante los dos primeros meses de vigencia del presente instrumento, los jueces de familia, conforme a la coordinación de la Unidad de Apoyo de cada Corte de Apelaciones, deberán hacer un levantamiento exhaustivo de los actuales registros que contengan las fichas a fin de actualizar íntegramente la información disponible.

   Cumplida la actualización de la información referida en el inciso precedente, se iniciarán las visitas previstas en el artículo 78 de la Ley N° 19.968, conforme a lo dispuesto en este auto acordado.

   Artículo 3°.- La implementación de las medidas previstas por el presente instrumento, que se ejecutarán con la gradualidad establecida en los artículos precedentes, quedará supeditada, en todo caso, al efectivo cumplimiento de las pertinentes condiciones materiales que fueren necesarias para su aplicación, tanto del Servicio Nacional de Menores como de los respectivos Juzgados de Familia o con competencia en familia. Para dicho efecto se propenderá a la suscripción de los convenios que se requieran con la autoridad administrativa a objeto de contar en el más breve plazo con un sistema de interconexión entre el Servicio Nacional de Menores y el Poder Judicial.


   Publíquese en texto refundido en la intranet del Poder Judicial. Para estos fines remítase al Departamento de Planificación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

   Háganse las comunicaciones pertinentes.

   Acordada una vez desestimada la indicación previa de los Ministros señores Valdés y Pierry y señoras Enem y Sandoval, en el sentido de posponer el pronunciamiento de este Tribunal Pleno en relación a la materia de que trata el presente auto acordado. Igualmente, la señora Egnem fue de parecer de requerir en forma previa informe acerca del cumplimiento de las instrucciones impartidas por esta Corte en acuerdos anteriores.

   La Ministra señora Egnem no comparte el plazo de cuatro meses establecido en el primer párrafo del artículo 5°, toda vez que importa la introducción de un período diferente de aquél normado en forma expresa en el artículo 78 de la Ley N° 19.968, razón por la que estuvo por atenerse al término máximo de seis meses dispuesto por el legislador del ramo entre cada visita personal de los jueces de familia a los establecimientos residenciales existentes en su territorio jurisdiccional en los que se cumplan medidas de protección.

   Se previene que los Ministros señor Blanco y señora Muñoz fueron de parecer de reducir a tres meses el plazo fijado en el artículo 5° para las visitas personales de los jueces de familia a los establecimientos residenciales existentes en su territorio jurisdiccional.

   Se previene que la señora Muñoz, además, estuvo por incluir un plazo máximo en el artículo 3° transitorio, para efectos de completar la implementación de las medidas previstas en la reglamentación acordada.

   Para constancia se extiende la presente acta. 


Fuente: Poder Judicial de Chile